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Deforestación y Conservación
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA AMAZONIA
RAÍCES PROFUNDAS: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE LA DEFORESTACIÓN
La deforestación contemporánea en la Amazonía colombiana está enredada con estructuras de poder cambiantes y reconfiguraciones territoriales en la historia de la región. Para comprender las raíces de la deforestación, es necesario considerar como la tala de bosques se ha visto afectada por la colonización,
conflicto armado, imperialismo, abandono del estado y modelos económicos extractivos.
Iván Melo y Carlos Becerra comparten sus orígenes amazónicos. Juliana Rincón analiza como cuidar la naturaleza puede curar las heridas de guerra. Ángela Jiménez reflexiona sobre lo que la atrajo a la Amazonía. Intercaladas entre estas voces amazónicas, Kristina Lyons reflexiona sobre las contradicciones de las estrategias estatales de conservación y los devastadores impactos del modelo económico basado en la extracción.
While only 8 million hectares of land have been deemed agro-ecologically
appropriate for cattle ranching and grazing, this activity occupied 38 million hectares of land in the country in 2016.
Colonización, desplazamiento y primeras etapas del extractivismo
La colonización en la Amazonía colombiana se remonta al siglo XVII con la llegada de misioneros jesuitas y franciscanos que tendrían consecuencias duraderas en la región, especialmente para las comunidades indígenas y sus territorios ancestrales. Posteriormente, el boom del caucho colombiano (1881-1930), encabezado por la Peruvian Amazon Company, una firma británica conocida localmente como Casa Arana que dependía de la esclavitud indígena, también provocó reconfiguraciones territoriales masivas y atrocidades contra los pueblos indígenas de la región. A partir de la década de 1930, comenzaron a llegar oleadas de colonos al territorio para construir la primera vía que conectaba el Amazonas con los Andes; desplazados por La Violencia en el interior del país; a través de proyectos de colonización dirigidos por el estado que trataban la tierra como tierras baldías; o motivados por una serie prolongada de economías extractivas de auge y caída, como la madera, las pieles y el oro.
El dominio de los proyectos extractivos insostenibles ha contribuido a la marginación económica de la región, la falta de apoyo estatal para estrategias de conservación viables y la exclusión de las visiones de las comunidades locales sobre el cuidado y la convivencia con los bosques amazónicos.
El Transandino es un oleoducto de crudo de 305 kilómetros de longitud que transporta petróleo desde Orito, Putumayo, al puerto del Pacífico de Tumaco en Nariño.
El 83% de la deforestación en la Amazonía colombiana entre el 2001 y 2015 ocurrió en sólo el 48% del área boscosa. Durante estos mismos años, los territorios no indígenas de la Amazonía experimentaron una tasa de deforestación 537% mayor que en los territorios indígenas.
Explotación petrolera y ganadería extensiva
El petróleo se descubrió por primera vez en la Amazonía colombiana en la década de 1940, coincidiendo con aumentos drástico en el uso de automóviles en Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1957, el gobierno colombiano vendió las primeras concesiones petroleras en Orito, Putumayo a Texaco, una empresa petrolera estadounidense, iniciando un proceso extractivo que se solidificó a mediados de los 60. Durante la siguiente década, Texaco desplazó a múltiples comunidades indígenas (habilitadas por la aprobación de la Ley 81), afectó la dinámica agraria regional e instigó la tala de bosque necesaria para instalar pozos petroleros, abrir caminos de acceso y construir un oleoducto que conduce desde Putumayo a la costa del Pacífico.
En la década de 1980, el petróleo se había convertido en una de las tres principales exportaciones nacionales de Colombia. Actualmente hay 51 contratos petroleros activos en la Amazonía colombiana, algunos de los cuales se traslapan con resguardos indígenas. Aunque muchas personas esperanzadas se acercaron a los pozos de Texaco en busca de empleo, la producción de petróleo presenta oportunidades limitadas para los trabajadores locales. A pesar del daño ambiental, la extracción de petróleo sigue teniendo fuerte influencia en la Amazonía. Está ligado al sustento fiscal del sector público local a través de impuestos y dividendos, así como al recibo de cierta cantidad de ganancias petroleras.
La Amazonía colombiana también se ha visto afectada por una larga historia de ganadería extensiva, que requirió la tala de árboles en grandes cantidades, sobre todo en el departamento de Caquetá. A mediados del siglo XX, hubo varios programas del gobierno impulsados por INCORA y SINGAN que brindaron
asistencia técnica a los agricultores en la transición de la agricultura de subsistencia a la ganadería. El aumento del financiamiento para la ganadería ayudó a lanzar esta industria, que se desarrolló aún más, a través, de las inversiones de privados. Además la cría de ganado se ha considerado un mecanismo para adquirir derechos sobre la tierra y estabilizar la propiedad.
En los últimos 50 años, la ganadería se ha incrementado en la cuenca del Amazonas y la cantidad de tierra dedicada a dicha actividad se ha duplicado. Este aumento se debe al vacío de poder dejado por la desmovilización oficial de las FARC-EP, ya que muchas zonas quedaron vulnerables y los deforestadores a gran escala ampliaron su presencia.
Imágenes de ganado pastando en potreros en la región andino-amazónica de San Vicente del Caguán, Caquetá; deforestación por cultivo de coca, expansión urbana y extracción de madera en el Putumayo.
Más de $ 8 mil millones de dólares estadounidenses se gastaron en el Plan Colombia entre el 2000-2012. El 80% de estos fondos se invirtió en el fortalecimiento del ejército y la policía colombianos para aumentar los esfuerzos antinarcóticos.
Conflicto armado, cultivos de coca y guerra contra las drogas por Estados Unidos y Colombia
La Amazonía occidental del país también se ha visto transformada por décadas de conflicto armado y narcotráfico. Desde la Constitución de 1886, que centralizaba el poder en la capital, marginando a las regiones fronterizas y los territorios menos poblados al categorizarlos como territorios nacionales, la Amazonía ha sufrido cierto abandono del Estado. Posteriormente, la Ley 2 de 1959 definió la región como Reserva Forestal, una figura que ignoraba la realidad social de la región habitada por comunidades ancestrales y campesinas. La falta de presencia de un estado social de derecho, ejemplificada por la ausencia de servicios públicos e infraestructura, permitió a las FARC-EP establecer el control de muchos territorios amazónicos en la década de 1980 y creó las condiciones para el desarrollo de la producción ilícita de cultivos de coca vinculada a estructuras de narcotráfico.
En la década de 1990 se vio un aumento en las importaciones de cocaína a los Estados Unidos desde América del Sur. Los esfuerzos estadounidenses para controlar la creciente industria de la cocaína se concentraron originalmente en Bolivia y Perú, pero pronto la guerra contra las drogas empujó toda la cadena de producción y comercialización a Colombia. A principios de la década del 2000, cuando Colombia se convirtió en el principal productor de cocaína del mundo, más del 40% de la coca ilícita del país se cultivaba en el departamento del Putumayo, convirtiendo a la Amazonía occidental en el epicentro de la guerra contra las drogas por los Estados Unidos y Colombia. El Plan Colombia, la estrategia antinarcótica bilateral entre los dos países, buscaba erradicar la producción de coca mediante fumigación aérea con una fórmula concentrada del herbicida de Monsanto, glifosato. Estas fumigaciones no sólo afectaron cultivos ilícitos, sino también, cuencas, bosques, pastos, cultivos de subsistencia,
animales domésticos y poblaciones humanas. Tanto el cultivo de coca comercial como las políticas de erradicación forzosa han impulsado la deforestación en la región. Sin medios de vida alternativos viables, los cocaleros se ven obligados a deforestar aún más y continuar la expansión de la frontera agrícola o cambiar a otras actividades ilícitas, como la minería ilegal de oro, que provoca la sedimentación y contaminación de ríos y cuencas.
La fumigación aérea con glifosato, una estrategia central del Plan Colombia, planteaba graves riesgos para la salud humana. Yaneth Valderrama murió hace 20 años luego de ser fumigada con glifosato por avionetas de la Policía Nacional. Su esposo mantuvo
una batalla judicial y el caso llegó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. El fallo de la Corte podría sentar un precedente para nuevas estrategias ante los cultivos ilícitos.
En 2013, las mujeres en este video perdieron más de 15 hectáreas de cultivos de piña luego de que sus tierras fueran fumigadas con glifosato por la Policía Nacional en Oroyaco, Putumayo, en el contexto de la guerra contra las drogas. El glifosato destruyó su único sustento, dejándolas sin los ingresos esperados de la cosecha. Fuente: vibilizarTV
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Escuche un podcast de la ONG Ambiente y Sociedad sobre las implicaciones de los derrames de petróleo en los ríos Mocoa y Caquetá en la Amazonía colombiana. 13 de noviembre de 2020.
Vea este documental dirigido por Gerard Ungerman y Audrey Brohy sobre la guerra contra las drogas por los Estados Unidos y Colombia. Destaca los costos humanos y ecológicos y también la ineficacia de esta guerra en curso.
Escuche este paisaje sonoro sobre la vida en medio del conflicto armado y la resistencia diaria por parte de las comunidades de Puerto Guzmán, Putumayo. Esta instalación sonora fue realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en Colombia, y fue presentada
durante la exposición "Voces para Transformar Colombia" en el 2018.
Más sobre el glifosato de Monsanto:
El glifosato es un herbicida comercial ampliamente utilizado que mata a las plantas
bloqueando una enzima esencial para su crecimiento. En los seres humanos, se absorbe fácilmente a través de los tractos gastrointestinales y respiratorios. Una vez absorbido, se distribuye al riñón, el hígado y el cerebro, pero actualmente no hay evidencia
concreta de que se acumule en el cuerpo.
La fórmula de glifosato concentrada
utilizada para la fumigación aérea en Colombia también contenía un surfactante, POEA, conocido por ser tóxico para la vida acuática y los mamíferos, que puede escurrirse hacia los cursos de agua después de la aspersión o debido a su deriva.
Fuera del contexto de la guerra contra las drogas, los trabajadores agrícolas probablemente tienen la mayor exposición al glifosato.
Los estudios epidemiológicos de agricultores han mostrado rinitis (secreción nasal), asma y sibilancias. Los estudios en animales han demostrado impactos en el desarrollo de los fetos.
Estudios epidemiológicos en Colombia han demostrado
una asociación entre la fumigación aérea y los problemas dermatológicos, respiratorios y los abortos espontáneos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha clasificado al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Aunque la ciencia aún es controvertida, la gran cantidad de estudios que han demostrado asociaciones entre la exposición al glifosato y los efectos en la salud humana y ambiental deberían
impulsar a los gobiernos a aplicar el principio de precaución.
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