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CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA AMAZONÍA
CRECIENTES CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES RELACIONADOS CON LA DEFORESTACIÓN
La deforestación en la Amazonía colombiana avanza a un ritmo alarmante, principalmente debido a actividades económicas de extracción legal e ilegal con historias complejas. Las prácticas extractivas en expansión y de larga duración, como son la ganadería extensiva, tala de árboles, cultivos ilícitos de coca, extracción de petróleo y minería ilegal de oro impulsan colectivamente la eliminación de bosques, especialmente en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare. La pérdida de bosques tiene graves consecuencias socioecológicas: están en juego la biodiversidad de Colombia, el destino de las poblaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas y el cambio climático del planeta.
Iván Melo, Kristina Lyons y Ángela Jiménez destacan los riesgos de los conflictos socioambientales en la Amazonía colombiana: el presente y el futuro de los sistemas de agua, la biodiversidad y las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Jorge Luis Guzmán habla junto a Kristina sobre los diversos actores e historias involucrados en la deforestación, particularmente con respecto a las voces y conocimientos de las comunidades que a menudo son ignorados por las entidades estatales y las agendas de desarrollo.
CUENCA DE LA AMAZONÍA
Colombia
Se calcula que aproximadamente 1/3 del territorio del país es parte del Amazonas.
La deforestación actual en la Amazonía se ha visto agravada por la firma de un acuerdo de paz en el 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que desintegró oficialmente la organización guerrillera de izquierda más grande y poderosa del país. La ocupación histórica de las FARC-EP en áreas de la Amazonía condujo en ocasiones a la conservación ambiental, tanto al impedir la presencia de industrias extractivas como al disminuir la eliminación de la cobertura forestal como estrategia militar. En otros casos, el papel del narcotráfico, los cultivos ilícitos de coca y la minería ilegal en la financiación del conflicto armado, terminó fomentando la deforestación entre otras formas de degradación ambiental en los territorios ocupados por los grupos armados.
Se estima que toda la Cuenca Amazónica contiene
90-140 mil millones de toneladas de carbono sólo en sus árboles, que, si se talan, podrían liberar el equivalente a 90-140 años de carbono que los humanos producen anualmente.
En la época del pos-acuerdo de paz, un liderazgo conservacionista viable y más participativo es especialmente urgente en la Amazonía. El vacío de poder dejado por la desmovilización de las FARC-EP está siendo llenado por grupos reconfigurados de actores armados, redes criminales e industrias extractivas. La presencia intensificada de estas industrias refleja la persistencia de una relación basada en la extracción promovida por el estado en muchas áreas de la Amazonía, incluyendo el traslape de concesiones petroleras con resguardos indígenas. La deforestación sigue a pesar de los compromisos nacionales e internacionales que el país ha asumido para detenerla y mitigar el cambio climático. En consecuencia, entre el 2016 y 2017, un año después de la firma de los acuerdos de paz, la deforestación en la Amazonía colombiana aumentó en un 44%.
Deforestación provocada por la expansión de potreros para la ganadería, los impactos de la minería ilegal de oro mecanizada y la fumigación aérea de cultivos ilícitos de coca en el contexto de la guerra contra las drogas por parte de los Estados Unidos y Colombia.
Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. Sin embargo, una gran parte está amenazada por el aumento de la deforestación.
En reacción al fracaso del estado para mitigar la deforestación, y en reconocimiento del gran valor de la Amazonía, un grupo de jóvenes colombianos realizó una demanda contra el gobierno con el apoyo de la ONG Dejusticia. En respuesta, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia histórica (STC 4360) en el 2018 que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos. Si bien es pionera, las aspiraciones de la sentencia han resultado difíciles de realizar, y muchas acciones gubernamentales siguen siendo equivocadas, poco aplicadas o no reconocen las necesidades de los habitantes locales, incluida la incorporación de la jurisprudencia indígena, sabiduría territorial y estrategias de gobernanza ambiental comunitarias. Además, los temas de la propiedad y distribución de la tierra siguen siendo controversiales, lo que crea obstáculos para establecer economías rurales sostenibles y allanan el camino para más degradación
ambiental.
En el 2017, el WWF informó que entre el 40 y el 50% de la madera de Colombia se extrae ilegalmente.
En este contexto, y debido a un creciente mercado especulativo, sólo se prevé que aumente el acaparamiento de tierras mediante la introducción de la ganadería, que se identifica como la principal causa de las tasas actuales de deforestación. A medida que las familias rurales y actores foráneos se establecen en áreas que antes eran inaccesibles, continúan involucrándose en actividades de destrucción arbórea. Es imperativo que los esfuerzos de conservación sean más participativos y aborden los problemas estructurales que fomentan la deforestación. La deforestación a pequeña escala se considera como delito por parte del estado, pero el gobierno ofrece pocas opciones económicas viables para que las comunidades locales conserven los bosques y se involucren en prácticas agrícolas y ganaderas ecológicamente apropiadas para la Amazonía. Al mismo tiempo, la deforestación a gran escala avanza con impunidad y se siguen otorgando concesiones a empresas multinacionales mineras y petroleras para intervenir en el territorio. Este enfoque estatal contradictorio sólo exacerbará los altos costos de la trágica tala del bosque y los niveles de conflicto socioambiental en la región.
Este video muestra los cambios en la cobertura forestal en la Amazonía colombiana entre el
2001 y 2019. El color rosa indica pérdida de cobertura forestal y el azul indica crecimiento forestal.
Global Forest Watch-World Resources Institute, 2014.
Este es un reportaje del programa periodístico,
Zona Franca acerca de la deforestación en Guaviare, el segundo departamento más deforestado del país en el 2019. Es una investigación sobre el acaparamiento de tierras que fomenta la deforestación.
Amazonía Colombiana
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Sentencia 4360/2018
25 jóvenes colombianos, con el apoyo del centro de estudios jurídicos y sociales, Dejusticia, demandaron al gobierno argumentando que sus derechos a un medio ambiente saludable, vida, alimentación, acceso al agua y salud estaban amenazados por la ineficiencia del gobierno para controlar la deforestación. También enfatizaron que a pesar de las obligaciones nacionales e internacionales de Colombia y los compromisos voluntarios asumidos en las cumbres climáticas, el país todavía está contribuyendo al cambio climático.
Los demandantes argumentaron que el gobierno estaba obligado a reducir la deforestación mediante al menos tres compromisos:
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el Acuerdo de París comprometió a Colombia a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
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una declaración conjunta de Colombia, Alemania, Noruega y el Reino Unido obligó al gobierno a alcanzar una deforestación neta cero en la Amazonía para 2020
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La ley nacional 1753 (aprobada en 2015) requería que el gobierno redujera la tasa nacional anual de deforestación.
La Corte Suprema de Justicia examinó la Constitución de 1991 y encontró que sus conceptos, junto con la jurisprudencia anterior, el derecho internacional e investigación
académica, elevaban el medio ambiente saludable a ser un derecho fundamental. También determinó que el gobierno, de hecho, no había abordado eficazmente los problemas de la deforestación y el cambio climático a pesar de sus obligaciones. Luego ordenó a este, que desarrollara una serie de planes de acción dentro de los cinco meses posteriores a su decisión. Estos incluyeron:
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un Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana (PIVAC)
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estrategias para reducir la deforestación a cero neto
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estrategias para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero
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planes de ordenamiento territorial municipales actualizados en toda la cuenca
Al declarar la Amazonía del país, sujeto de derechos, la Corte buscó avanzar en el campo emergente de los derechos bioculturales. Si bien este fallo legal fue extremadamente innovador, las instituciones gubernamentales no han cumplido con sus deberes de crear e implementar planes de acción apropiados.
Al mismo tiempo, existen oportunidades para mejorar la implementación de la sentencia por parte de la sociedad civil. Según Dejusticia, el Tribunal de Bogotá, encargado de dar seguimiento a la implementación de STC 4360, ha citado a 94 entidades gubernamentales en 12 audiencias (hasta la fecha, noviembre de 2020) para exigir rendición de cuentas y reorientar la implementación de la sentencia. Esto es algo que nunca antes había ocurrido ni siquiera en los procesos de seguimiento de la Corte Constitucional.
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